
Maldonado, 9 de noviembre de 2006
A la Producción y Conductores
Programa Zona Urbana
Me dirijo a ustedes con el objeto de realizar las siguientes precisiones respecto a dichos inexactos que el Sr. Oscar De los Santos formuló en su programa del pasado 1 de noviembre y que afectan la imagen de la gestión del Partido Nacional en Maldonado:
1. Fue en nuestro período de gobierno que se realizó el procedimiento disciplinario y la denuncia penal que culminó (por estos días) con el procesamiento de dos funcionarios por la Justicia. Ninguno de estos funcionarios era Director sino que uno era Supervisor de Vivienda y en el segundo caso se trataba de una funcionaria del escalafón administrativo. (informe “Búsqueda” Nº 1379 del 1/11/2006). Aquí “no rascó” nada el Sr. De los Santos sino que fue nuestro propio gobierno el que hizo la denuncia como la debe hacer cualquier gobierno honesto.
2. El Cr. Oscar Torielli no ocupó responsabilidad en nuestra Administración porque prestó servicios en calidad de funcionario en comisión con el diputado Dr. Darío Pérez del Frente Amplio. Por otra parte, fue bajo nuestro mandato que se creó y empezó a funcionar la Oficina de Auditoria Interna y Control de Gestión. Cabe señalar que un informe aparecido el 30/11/2004, en la página 8, del Diario El País, felicitaba la implementación de esta unidad y señaló que se trataba de una excepción en las intendencias municipales.
3. En nuestro mandato los convenios de patrocinio respetaron estrictamente las normas de contratación del estado: las empresas (no una sola) usufructuaban la publicidad de determinada infraestructura urbana (no toda) a cambio de su mejoramiento y construcción. Con Satenil S.A. ello no es así pues se concedió irregularmente y en forma directa el monopolio de la explotación publicitaria en todo el departamento independientemente del tema obras.
4. De los Santos pretendió quitarle significación económica al asunto Satenil S.A. (concesión de publicidad) cuando él mismo, en la Junta Departamental y en medios de prensa locales, afirmó que el negocio de la publicidad representaba aproximadamente U$S 500.000 anuales. A modo de ejemplo: Satenil S.A. cotizó en la playa Zorba la publicidad por U$S 250.000 a una reconocida marca de vehículos. Esto revela el valor económico de lo que De los Santos concedió en monopolio ilegítimamente.
5. El preacuerdo de la Administración De los Santos con la empresa Hikone, antes de contratar a Satenil S.A., en materia de resguardos peatonales, y al cual De los Santos pretendió quitar trascendencia, fue realizado por su Director General de Tránsito y Transporte, que, a la vez, es uno de sus suplentes a la Intendencia y que, además, ocupa el cargo de Secretario General en ausencia del titular. También se olvidó De los Santos de mencionar que una de las empresas perjudicadas (Hikone) entregó materiales y construyó refugios por valor de U$S 40.000 a partir de ese preacuerdo, los que fueron recibidos de conformidad por el Municipio. Luego De los Santos incumplió ese preacuerdo para contratar en régimen monopólico a Satenil S.A.
6. Con respecto a las declaraciones del Sr. De los Santos y de su Directora General Sra. Araújo sobre una de las empresas de limpieza de Pirlápolis y Pan de Azúcar cabe señalar que cobraba de acuerdo a los montos de licitaciones aprobado por el Tribunal de Cuentas de la República, cumpliendo en las ampliaciones de trabajo con las reglas del TOCAF e incluía en los trabajos extraordinarios las horas de máquina y camión que hoy la Intendencia factura aparte. Por otra parte, los contratos que De los Santos celebró con FUECI fueron observados por ilegales por el TCR. También en materia de servicios, acondicionamiento urbano y limpieza los resultados son muy diferentes entre una y otra Administración y basta con recorrer las calles y paseos del departamento para corroborarlo.
7. En cuanto al juicio penal, cabe resaltar que el denunciado es el Sr. De los Santos por calumnia e infamia, dichos mentirosos que utiliza como sistema mediático. Tanto mi patrimonio como mis cuentas bancarias están declarados como manda la ley al momento de ejercer la función pública (julio 2000) y renovada cada dos años ante la Junta Anticorrupción. No tengo separación de bienes (treinta años de matrimonio), no tengo sociedades anónimas, no tengo cuentas en el exterior, todo lo hicimos con trabajo familiar.
Sin otro particular le saluda cordialmente,
Senador Enrique Antía
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