Graves denuncias contra la Administración Carámbula de Canelones

Cámara de Representantes, 1º de abril de 2008, media hora previa.

Tiene la palabra el señor Diputado Hackenbruch Legnani.

SEÑOR HACKENBRUCH LEGNANI.- Señor Presidente: voy a distraer la atención del Cuerpo refiriéndome a la sistemática violación de los derechos humanos que practica la Intendencia Municipal de Canelones contra muchos de sus funcionarios.
Más de mil empleados han sido despedidos en forma ilegítima, y otros tantos sufren traslados arbitrarios, sanciones infundadas, amenazas y una presión permanente. Este accionar ha sido utilizado como instrumento de persecución política e ideológica y como forma de liberar posiciones clave de la estructura municipal.
Tengamos en cuenta que el 23 de octubre se destituyó a cinco funcionarios de carrera de la Dirección de Hacienda, a pesar de que el Tribunal de Cuentas había observado que los sumarios no cumplían con las garantías del debido proceso. También la Asesoría Letrada de la Junta Departamental y ADEOM se pronunciaron en términos similares. Sin embargo, el Intendente mantuvo su arbitraria decisión, echando a casi todo el nivel gerencial de esa dependencia.
Sin controles técnicos experimentados, el Intendente llevó adelante la gestión de Hacienda mediante la contratación de amigos, correligionarios y familiares.
Más allá de los cuestionamientos éticos que podamos formular, lo importante es que esto ha originado una situación de caos en la Administración. Varias son las irregularidades en el área financiera de la Intendencia Municipal; una de las más recientes es la falta de rendición de cuentas por un importe de $ 33:997.006, correspondientes a gastos realizados por jerarcas, algunos de los cuales llevan dieciocho meses de atraso en sus rendiciones.
El Tribunal de Cuentas también ha advertido anomalías en los procedimientos de compra de la Administración, tales como publicaciones incompletas, violaciones al principio de igualdad de los oferentes, contrataciones y principio de ejecución sin intervención previa del Tribunal, solicitud de cotizaciones que no figuran agregadas a los expedientes, facturas emitidas con anterioridad, algunas al acto de apertura de la licitación y a la adjudicación, contratos que violan los ar­tículos del pliego de condiciones, prórroga de los contratos más allá de su vencimiento sin autorización del ordenador, contratación de profesionales que no acreditan su inscripción a la Caja de Profesionales y a la Dirección General Impositiva, entre otras. Asimismo, se han detectado gravísimas irregularidades en distintas áreas de la nueva Administración, sobre las que no se han adoptado medidas, y, sorprendentemente, algunos de los responsables han sido premiados con nuevos destinos.
El rigor con que se juzga a los funcionarios no es el mismo cuando se trata del personal de confianza del actual Intendente que si son empleados que actuaron en cargos de confianza de la anterior Administración del Partido Colorado.
Funcionarias que trabajaron directamente con el Intendente Hackenbruch han sido víctimas de un cruel hostigamiento. Se les ha sometido a procesos viciados por abuso de derecho, prejuzgamiento, falta de notificación de los actos administrativos, ausencia de motivación, excesiva demora en las diligencias, abuso del derecho a la información, presión a testigos, amenazas, interminables audiencias, violaciones al principio de razonabilidad e imparcialidad, etcétera. Una de ellas es la doctora Marianella Medina, ex Secretaria General, funcionaria de carrera, con más de veinte años de antigüedad, quien en casi tres años que lleva este Gobierno ha estado la mayor parte del tiempo separada del cargo. A vía de ejemplo, la primera sanción que recibió fue por archivar la sugerencia de amonestar a una funcionaria. No es un dato menor que, después de un año de instrucción sumarial, la sanción le fuera notificada al día siguiente de la comparecencia del Intendente a la Junta Departamental, en virtud de un llamado a Sala que formulara la oposición. En otro de los procesos, por el cual también estuvo separada del cargo durante seis meses, se le imputa autorizar la licencia médica de una funcionaria y un error en el pie de firma del informe que dispone el archivo de dichas actuaciones, y de no adoptar medidas ante las observaciones del Tribunal de Cuentas. Estas completan el insólito elenco de las acusaciones.
Similares procesos enfrenta Carmen Lugano, quien cuenta con más de quince años de antigüedad e integra el personal de carrera. Al asumir el nuevo Gobierno desempeñaba funciones en la Secretaría General, y es acusada de archivar expedientes en los días anteriores a la asunción del Intendente Carámbula, sin considerar que esa decisión obedeció a un expreso pedido de los nuevos jerarcas. Además, fue separada del cargo durante seis meses por solicitar telefónicamente el expediente de la licencia médica antes referido.
Se trata, en definitiva, de meras cuestiones burocráticas que ni siquiera podían categorizarse como faltas y que no ameritaban la severidad con que fueron tratadas.
Otro caso ilustrativo es el de la venia que fuera votada por los Ediles del oficialismo para destituir a la funcionaria Liliana Britos por errores menores en la tramitación de expedientes. Muchos admitieron que levantaron su mano sin haber leído las actuaciones, por lo que debemos inferir que tan drástica medida solo respondió a motivos políticos.
Este dantesco escenario se complementa con la nueva estructura que Carámbula creó en el Área Jurídica a través de la sustitución de los Gerentes de carrera por funcionarios de confianza, comprometiendo la imparcialidad que debe regir las funciones de esa dependencia. En esta misma línea, los sumariantes son alentados con importantes compensaciones, extremo que pone en duda su autonomía técnica, más aún cuando las mismas se renuevan cada tres meses según el desempeño.
La Intendencia Municipal de Canelones continúa desconociendo el derecho a la igualdad, a la libertad de pensamiento y expresión, a la integridad física y moral, a la seguridad, al trabajo, a la dignidad y al honor, violentando las normas constitucionales y legales que los consagran e ignorando las disposiciones de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos.
Solicito que la versión taquigráfica de esta exposición sea remitida a la Suprema Corte de Justicia, a los diecinueve Intendentes Municipales, a la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara y del Senado, a los medios periodísticos de circulación nacional y del departamento de Canelones, así como a la Presidencia de la República, a la Oficina Nacional del Servicio Civil, a la Mesa Política del Frente Amplio, al Honorable Directorio del Partido Nacional y al Comité Ejecutivo del Partido Colorado.
Muchas gracias, señor Presidente, por su paciencia.
SEÑOR PRESIDENTE (Perdomo Gamarra).- Se va a votar el trámite solicitado.
(Se vota)
——Cuarenta en cuarenta y dos: AFIRMATIVA